Panamá: ¿cuáles son las razones detrás de las protestas que exigen el cierre de la mina más grande de Centroamérica?

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• Es que en menos de una semana el Ejecutivo y el Legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá

• Pero dos semanas después de que el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, en las calles de la ciudad hay más de 70 000 personas todos los día

• El estallido social más grande que ha tenido Panamá en las últimas décadas es por un contrato minero. ¿La razón? Fue aprobado de forma expresa y sin suficiente consulta ciudadana.

• La mina está 180 kilómetros al norte de la capital, enclavada en el Corredor Biológico Mesoamericano

• Ahí nacen ríos que vierten en el caribe y el pacífico panameño.

• ambientalistas aseguran que ha fragmentado la ruta de especies críticas como jaguares y águilas harpías.

• Con la polémica creciendo, la Asamblea Nacional devolvió el contrato, el Ejecutivo anunció la eliminación de algunos de los artículos más controversiales y lo presentó nuevamente.

• “El Ministerio de Comercio nunca le preguntó a la población si quería que el país tuviera vocación minera, y que el desarrollo político social del país estuviera supeditado a empresas extranjeras y mineras”, explica el biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

• En la nueva versión del contrato una cuestión clave quedó sin modificación: la poca capacidad de fiscalización ambiental de la actividad de la mina más grande de Centroamérica.

• First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato que inicialmente fue con Petaquilla y que luego heredó la multinacional canadiense.

• El gobierno defiende que la empresa representa el 5 % del Producto Interno Bruto del país y que emplea a cerca de 10 000 personas.

• A partir de eso se cancelaron todos los trámites para la obtención de concesiones de exploración y extracción que estaban en proceso. La medida, sin embargo, no ha sido suficiente y ha recalado en lo que parece inevitable:

• La Corte Suprema debe fallar sobre ocho demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato

• “Han sido años de ilegalidades y de indefensión frente a gobiernos que no cumplen las leyes”