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La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, se hará cargo de esta nueva parte de la investigación. Ya venía investigando el otorgamiento del pasaporte a Marset y ahora también "lo que se deriva de las declaraciones de la ex subsecretaria Ache”, dijo el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.
Ese intercambio de mensajes es el que un año después, en noviembre de 2022, cuando el escándalo por la fuga de Marset ya era un hecho político, el gobierno pretendía destruir o al menos ocultar, según declaró Ache al fiscal Alejandro Machado, quien investiga el caso. Para probar esto, Ache aportó varias evidencias. Las más reveladoras: el audio de una conversación telefónica en la que su jefe, el canciller Bustillo, le sugería que "perdiera” su teléfono (donde estaba ese chat), y el mensaje del asesor presidencial Roberto Lafluf convocándola a una reunión reservada, a pedido del presidente.
Por la Presidencia había pasado un ciclón que arrasó con 2 ministros clave (Interior y Cancillería), 2 viceministros, y uno de los más cercanos asesores del mandatario. Una tormenta que, según los distintos actores, continuará.
Todo estalló el primer día de noviembre, cuando el semanario Búsqueda divulgó una investigación -que luego se confirmó en una declaración judicial- sobre cómo "el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes que intercambiaron (la ex vicecanciller, Carolina) Ache y (el ex viceministro de Interior, Guillermo) Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset”
es la prueba clave que demostraría que el gobierno uruguayo sabía exactamente quién era Sebastián Marset cuando le dio y envió en valija diplomática a Dubai -por esos días y en pocos días- un pasaporte uruguayo que le permitió quedar en libertad.
"Hola Caro, cómo estás. Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el (piso) 11. Sería conveniente ingresar por el garage”,
Según la ex funcionaria, en esa reunión el asesor les pidió y se aseguró de que ambos borraran ese chat de sus teléfonos, cosa que hicieron, y luego protocolizar el contenido del celular sin esos mensajes, algo que ella no aceptó.
Lacalle Pou reconoció haber convocado esa reunión con Lafluf, Ache y Maciel, "a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción” ante las diferencias que existían sobre si esas conversaciones debían ser entregadas a la Justicia o no. Agregó que pasó "dos minutos”, pero que no participó en el encuentro. Además, aunque dijo haber aceptado las renuncias de todos los implicados (Lafluf, Maciel, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber) defendió sus decisiones. "No tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte”, dijo. "Fuera narco o cualquier otra cosa, había que darlo. De acuerdo a la ley actual y a los decretos actuales, había que darlo”, agregó. Respecto a su proceder cerró: "Tengo la conciencia tranquila”.
Uno de los socios más importantes de la coalición de gobierno, el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, dijo al programa de radio En Perspectiva que "quedan varias páginas de este libro” y que "claramente hubo un proceder raro que hay que determinar a qué se debe”. "No quiero usar el término ‘mintieron', pero al menos no dijeron todo: no dieron el tenor de esos chats; no dijeron que se estaba en conocimiento de que se trataba de un peligroso narcotraficante; no se dio la versión completa que ahora está saliendo a la luz a partir de estas nuevas declaraciones de la exvicecanciller”, agregó. "Acá hay un tema central que es llegar a la raíz de por qué ocurrieron determinados hechos, por qué ese pasaporte fue expedido con tanta celeridad”.
El Frente Amplio pretende volver a llevar el tema al Parlamento, en primer lugar como "asunto político” en la sesión ordinaria, para hablar del tema, y en segundo lugar analiza crear una comisión investigadora al respecto.
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