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En Chile, según el INE, aproximadamente 2 millones 600 mil personas tienen un empleo informal, definición que considera a trabajadores que no cotizan para el sistema de seguridad social (pensiones, salud, seguro de cesantía), como también incluye a aquellos independientes sin actividad en el SII. La tasa de informalidad es de un 28%, es decir casi un tercio de los ocupados se desempeña de manera informal, tasa que disminuyó hasta un 22% durante el periodo más álgido de la pandemia. No precisamente por un tránsito de estos trabajadores a la formalidad, sino porque estos cayeron en la desocupación o inactividad, reincorporándose al sector informal post pandemia.
La informalidad nos preocupa por diversas razones. Primero, porque está asociada a empleos más precarios, a menores ingresos, a un mayor riesgo de caer en pobreza y a una mayor inestabilidad económica y financiera, siendo el grupo de trabajadores más vulnerables ante crisis económicas. Segundo, la informalidad implica una menor recaudación tributaria y por ende mayor gasto público, especialmente en pilares solidarios de la seguridad social. También, una alta tasa de informalidad no ayuda a la legitimidad de la política social, ya que un grupo importante no contribuye al sistema y tampoco participa de ciertos beneficios.
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