COMPLIANCE Y DERECHO ADMINISTRATIVO

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• “Compliance” es un vocablo ingles que identifica la función de cumplimiento legal y ético que alcanza las materias del Derecho, la Economía y Administración.  Nace como respuesta corporativa y desde el derecho penal en Estados Unidos, a raíz de la investigación del Watergate denominándose “criminal compliance” o cumplimiento penal. La necesidad de recuperar la confianza en los negocios, da lugar  en 1977 a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), y en 1985 con el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cuyo objetivo era ser un referente como foro de profesionales destinado a confeccionar marcos de actuación y facilitar orientación sobre la gestión empresarial, el control interno y el evitar el fraude, comité conformado por representantes de la industria, de contabilidad pública y de la Bolsa de Valores de Nueva York.

• El compliance se ordena a la internalización de una conducta moral, ética y sobre todo honesta de los actores de los procesos de negocios y no solo a un mero salvoconducto para que las empresas y organizaciones – cualquiera sea su naturaleza jurídica -  encuentren atenuación o eximición de la pena que resulta por delitos cometidos.   Se trata de un cambio cultural, de imponer las conductas de los muchos que son honestos, que pagan sus impuestos, que cumplen con sus obligaciones, sobre aquellos que generan sus rindes en base a prácticas corruptas e inmorales que afectan finalmente los derechos de todos. El compliance nos va a recordar que no solo hay que rescatar el cumplimiento de legalidad formal y material, sino el cumplimiento de los principios generales del derecho y los valores éticos que los informan desde el ámbito nacional e internacional, y que estos - como “soft law” - van a ser quienes ordenen la interpretación correcta. Esto nos lleva necesariamente a los institutos del Derecho Administrativo, donde las reglas del procedimiento, el dictado de los actos administrativos, la contratación publica, el urbanismo, la prestación de servicios públicos, sin cumplimiento de la legalidad y la ética son un marco propicio para su fraude.